Javier Macaya: “Estábamos ideológicamente obligados a votar en contra de la reforma tributaria”

El timonel del gremialismo Javier Macaya ha tenido tiempos difíciles. Su apertura al diálogo le ha significado que incluso algunos lo traten de "traidor," pero la reforma tributaria marcó un límite. En esta entrevista con Diario Financiero, defiende la postura de Chile Vamos y manifiesta su convicción de que el rechazo al emblemático proyecto “fue una oportunidad para tener una conversación con una mirada más amplia que sólo subir los impuestos”.

“Cuando el incentivo está puesto en el retiro de las utilidades de las empresas y no a reinvertirlo se está castigando a los más vulnerables y hay una torta más pequeña para repartir”.

-¿Está conforme con la actuación de su sector en la reforma tributaria?

-La reforma tributaria estaba alejada de  la realidad de los chilenos. Si el Gobierno cambia la mirada y presenta una reforma integral no sólo a los impuestos, tenemos disposición al diálogo, pero la pelota está en su cancha. Se lo planteamos desde un principio al ministro Mario Marcel: le hicimos llegar un montón de observaciones, pero confiaron en que la negociación partía en el Senado y que tenían los votos en la Cámara, lo que a todas luces fue un error. Nosotros estábamos ideológicamente obligados a votar en contra de la reforma tributaria, porque consideramos que era un proyecto mal planteado que no se iba a poder corregir en el trámite.

-¿Cómo más integral?

-En lo que significa la mirada de gasto público, en qué se quieren gastar los eventuales recursos adicionales, modernización del Estado, sobre qué tributos se pueden subir, cuáles pueden significar un alivio a la clase media, cómo somos capaces de generar recursos adicionales a través de vías que son mucho más efectivas.

-¿Cómo cuáles?

-Ahí están a la vista pública: el principal aportante al Estado el año pasado fue una empresa privada que produce litio, aportó más recursos al Fisco que Codelco. Sólo en el sector minero, Chile tiene hoy una cartera de proyectos retrasados por más de US$ 70.000 millones. Por razones políticas, en el sistema de evaluación, hay postergada una cantidad importante de proyectos que podrían financiar derechos sociales de manera mucho más eficiente y profunda que el aumento de impuestos, desde proyectos inmobiliarios como el proyecto Plaza Egaña hasta proyectos mineros importantes.

-Usted hace una especie de declaración de principios, pero ¿en su sector saben qué quieren para negociar, más allá de reducir la evasión, la elusión y avanzar en el royalty minero? Que es lo que siempre plantean.

-No es sólo eso. Particularmente en proyectos de inversión, Chile no tiene un estándar de confianza para entender cuáles son las reglas en que se van a mover en los próximos años los inversionistas nacionales y extranjeros ni las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno tiene que sacarse las anteojeras ideológicas para agilizar proyectos retrasados, para pensar en serio sobre modernización del Estado. Nosotros tenemos disposición a avanzar en financiamiento de asignaciones directas como son el gasto público en la PGU, en subsidios de vivienda. Creo que el rechazo a la reforma tributaria fue una oportunidad para tener una conversación con una mirada más amplia que sólo subir los impuestos.

-En su sector muchos se declaran admiradores del gobierno del expresidente Ricardo Lagos y él dijo que la derecha está al debe, después del rechazo a la reforma tributaria.

-Creo que el expresidente Lagos entiende que esto tiene que tener una discusión más profunda y, probablemente, en el debate parlamentario no siguió las opiniones de las pymes, del Colegio de Contadores, de la Asociación de Abogados Tributarios y de las grandes empresas, donde se formularon observaciones que no fueron acogidas en el trámite legislativo. El ministro  Marcel, posiblemente, tenía la intención, y hubo algunas conversaciones incipientes sobre aquello, de eliminar el castigo al ahorro o cuestiones que se ha demostrado en otras partes del mundo que no funcionan, como el impuesto al patrimonio. Sé que estaba la intención de hacerlo en el Senado, pero claramente equivocó el cálculo y la responsabilidad no es de la oposición, porque esta reforma se cayó por votos del propio oficialismo.

-¿El rechazo fue una señal al electorado de cara a las elecciones de consejeros constitucionales?

-En la UDI en particular y en Chile Vamos en general tomamos decisiones con seriedad, valorando la evidencia empírica de las consecuencias de las malas reformas, más allá de que esas decisiones sean impopulares, lo hicimos con mucha convicción y visión de país. En la elección del 7 de mayo se juega el éxito del proceso más que la hegemonía del sector. Nosotros no nos vamos a perder, somos una coalición que se está preparando para gobernar el siguiente periodo y por eso el ejercicio de responsabilidad lo tenemos que hacer todos los días. Negarse a conversar con el Gobierno para diferenciarnos de la derecha que está fuera de la coalición no conversa con la manera de hacer política que tenemos.

-El ministro Marcel adelantó que presentarán indicaciones al proyecto de royalty estableciendo un límite a la carga impositiva, ¿le parece un buen camino para avanzar en un acuerdo?

-Me parece bien que haya un límite, porque acá está en juego la competitividad de la industria minera chilena, que ha sido muy importante justamente para financiar derechos sociales en los últimos 30 años. Que Chile siga siendo competitivo con países como Perú u otros productores de cobre nos parece fundamental, junto con una estructura tributaria global integral para que la tasa total de impuesto no sea superior a los países con los que competimos y las decisiones de inversión se tomen en Chile.

-Justamente es lo que plantea Marcel, ponerle un límite a la fórmula.

-Me parece que es una buena fórmula. Lo que sí, le haría una invitación al ministro Marcel para que tengamos la discusión sobre royalty con el resto de la mirada tributaria, no sólo del sector minero, sino sobre lo que vamos a tener como estructura tributaria general del país. Y eso va de la mano con hacer más eficiente el gasto público y la modernizar el Estado.

-¿Cuáles son las líneas rojas, dónde le pondrán los límites al nuevo proyecto de reforma tributaria?

-Básicamente no afectar a los más vulnerables ni a la clase media. Porque aunque se quiera revivir la retórica de la lucha de clases, cuando se plantea un impuesto al patrimonio o las grandes empresas, estos terminan traspasando eso a los costos de producción y aumentan los precios de los productos que consumen los chilenos. Los chilenos ya se dieron cuenta de eso con los retiros, porque algo que parecía muy atractivo significó que con $ 1.000 compras la mitad de lo que comprabas hace dos años.

-¿Qué más se debería reformular del proyecto que se rechazó?

-El castigo a la inversión y al ahorro. Cuando el incentivo está puesto en el retiro de las utilidades de las empresas y no a reinvertirlo se está castigando a los más vulnerables y hay una torta más pequeña para repartir. Y en eso el impuesto a las utilidades retenidas, al patrimonio, los impuestos que afectaban al sector inmobiliario nos parecen líneas gruesas que se tienen que reformular. El impuesto a las utilidades retenidas era un exocet al corazón de la inversión y de la productividad y se tiene que reformular.

-¿Qué pasa con los impuestos a las personas?

-Aunque suene impopular, creo que Chile tiene que tener una discusión sobre las tasas de impuesto que están pagando las personas, porque a nivel comparado  los sectores de más bajos recursos tienen una carga tributaria por la vía del valor agregado, pero los impuestos personales, global complementario y segunda categoría, las personas de clase media y baja no pagan impuestos y asimilar los estándares a la OCDE es una discusión que hay que tener.

-¿Cómo se condice con el concepto de justicia tributaria este debate de aumentar el impuesto a las personas y no a las grandes empresas con la tesis de que quienes tienen más deben aportar más al Fisco?

-Sí se condice, porque los impuestos personales en Chile son progresivos y el impuesto de primera categoría… Es cosas de mirar quienes son los grandes pagadores de impuestos, como por ejemplo de SQM. Ojalá que tengamos un impuesto de primera categoría que tenga los suficientes incentivos para que se pague, por supuesto, y se pague en cantidades importantes por las empresas más grandes que tienen más utilidades y, por lo tanto, pagan más impuestos, es proporcional a las utilidades.

-¿Cómo diría que queda el ministro de Hacienda tras este impasse con la reforma tributaria? Se lo pregunto porque desde su sector decían que les daba cierta tranquilidad que liderara Hacienda por su seriedad y responsabilidad.

-Yo diferencio la actitud de la semana pasada de la historia y trayectoria de Marcel. Después del miércoles vimos, por un lapso de 24 horas, una actitud dañina y agresiva de parte del Gobierno. Durante 24 horas dieron rienda suelta a un discurso para dividir entre buenos y malos, con cero autocrítica y celebro que el ministro Marcel haya regresado a su tono habitual y, ojalá, el Gobierno pueda seguir la misma línea, porque para dialogar en esta materia el tono de lucha de clases, de polarización no compensa con la necesidad de conversar.

“Colapso de las isapres puede significar una crisis social y política”

-Se dice que la ley corta que el Gobierno está pensando para solucionar el problema de las isapres es insuficiente, ¿Está de acuerdo con esa mirada?

-La ley corta puede servir para solucionar un problema coyuntural y evitar que el sistema colapse y se vean afectados tanto los usuarios del sistema público como privado, porque esto puede significar una crisis social y política de dimensiones insospechadas para el propio Gobierno. La ley corta tiene que evitar que eso suceda, pero en el mediano plazo tenemos que tener una reforma estructural que permita que la integración público-privada, que el derecho social de la salud siga siendo provisto en forma mixta tanto por el sector público como privado.

-¿Cree que el Gobierno está en esa mirada más larga?

-Lo más profundo que ocurre es que al interior del Gobierno han convivido dos miradas ideológicas que son diametralmente diferentes, una de ellas es probablemente la que representaba en salud el sector encabezado por el exsubsecretario Cristóbal Cuadrado y la gente del Partido Comunista, que veía en la crisis de las isapres y en el fallo de la Corte Suprema la oportunidad de implementar su programa de Gobierno por la vía no legislativa, que establece el fin de las isapres. Y, en esa visión más extrema, pretendieron  -por una vía administrativa o por las consecuencias del fallo- dejar que las isapres colapsaran, sin dimensionar la crisis política y social que se les podía venir en un breve plazo. Y hay otro sector que entiende la integración público-privada en salud y que está bien encabezado por la ministra Ximena Aguilera, que entiende las dimensiones que tiene este problema. Yo la veo alineada en buscar una solución no sólo pensado en la coyuntura, sino entendiendo que tenemos que dar una solución más permanente al funcionamiento del aseguramiento privado en salud.

-En esta fase coyuntural se acusa a las isapres que estarían intentando reinterpretar el fallo de la Corte Suprema lo que no tendría sentido, por cuanto parece estar claro y sólo se debe aplicar, ¿qué piensa usted?

-Primero, las acciones judiciales de las isapres y sobre todo de sus controladores internacionales pueden significar un problema mayor para el Estado de Chile, considerando los eventuales arbitrajes internacionales en materia de inversión extranjera a los que ellos pueden apelar. Porque más allá de si esto sea responsabilidad del actual Gobierno, de la inacción del Parlamento en los últimos años o de un fallo de la Corte Suprema, estamos hablando de los tres poderes del Estado, y cuando el Estado de Chile suscribe convenios de inversión extranjera está en juego la responsabilidad de los tres poderes del Estado. Y, si finalmente en un juicio arbitral, en el Ciadi u otro organismo de similar naturaleza, se presentan acciones judiciales contra el Estado de Chile, puede terminar habiendo un detrimento patrimonial muy significativo para el Estado y eso también hay que considerarlo.

Ahora, las posibles interpretaciones del fallo de la Corte Suprema no son muchas. Estamos a la espera de lo que señale la propia Superintendencia de Salud  de cuánto es la cuantía y la magnitud de lo que tiene  que reintegrar las isapres y cuál va a ser la fórmula para hacerlo. Porque si bien el fallo se planteó en beneficio de los afiliados al sistema de isapres y como una señala a la clase política y al Gobierno para legislar con urgencia sobre esta materia; también puede haber un efecto distinto al que buscaba la Corte Suprema, respecto a que finalmente las isapres colapsan y los que iban a ser beneficiados con el fallo que son los usuarios van a terminar siendo perjudicados.